La propuesta de Nueva Gales del Sur establece un techo de 50 ng/mL de THC en saliva y crea un sistema de advertencias antes de multas y suspensión de licencias
El gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, Australia, ha presentado una propuesta que permite a los conductores con receta de cannabis medicinal conducir legalmente con la sustancia en su organismo — lo que sería el primer límite de THC para el tráfico en el mundo. Aunque el uso medicinal de la planta está legalizado en el país desde 2016, la legislación actual castiga a estos pacientes con las mismas sanciones aplicadas a los usuarios recreativos. La medida establece un techo de 50 nanogramos de THC por mililitro de saliva, válido para quienes tienen una receta médica.
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El acercamiento por las autopistas seguirá criterios específicos si el conductor da positivo en la prueba rápida de saliva:
Sin embargo, alcanzar esta cifra siempre ha sido un obstáculo técnico, y es lo que ayuda a explicar la novedad de la propuesta. En el caso del alcohol, la concentración medida por el alcoholímetro tiene una relación directa y predecible con el grado de embriaguez, lo que permite establecer un techo legal defendible.
El THC, el principio activo del cannabis, es liposoluble y puede permanecer detectable en sangre y saliva durante horas —o días, en usuarios frecuentes— incluso después de que el efecto haya cesado. Por lo tanto, la cantidad encontrada no siempre indica que el conductor esté bajo la influencia del medicamento, lo que hace que cualquier corte numérico sea científicamente controvertido.
En Brasil, la lógica es opuesta a la propuesta australiana. El Código de Tráfico brasileño (CTB) no establece ningún límite de THC ni prevé una excepción para uso medicinal: según el artículo 165, conducir bajo los efectos del alcohol o de una sustancia psicoactiva que cause dependencia —como la marihuana— es una infracción muy grave, sin tolerancia mínima. Cualquier cantidad capaz de comprometer la conducción es suficiente para castigar.
Como no existe un “alcoholímetro de drogas” en el uso rutinario —el llamado dromómetro aún está en fase de pruebas—, la inspección se basa en signos clínicos, comportamiento al volante y examen forense. La sanción alcanza los R$ 2.934,70, siete puntos en el permiso de conducir y la suspensión del derecho a conducir durante 12 meses; Rechazar la prueba constituye la misma infracción. En situaciones más graves, también existe la posibilidad de ser clasificados como delitos de tráfico.
