Los ayuntamientos recibirán recursos en proporción a la población, pero tendrán que firmar un compromiso formal para reducir los precios que se cobran en los torniquetes
La Comisión de Tráfico y Transporte de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que destina parte de la recaudación de Cide-Combustíveis (Contribución a la Intervención en el Ámbito Económico) para subvencionar las tarifas del transporte público urbano y metropolitano. La medida abarca a los municipios y al Distrito Federal, con el objetivo directo de reducir el valor de los billetes de autobús y metro para el consumidor final.
La propuesta actúa como una regulación de una disposición ya prevista en la Reforma Fiscal de 2023. Aunque el texto constitucional autorizaba el uso del impuesto en la movilidad urbana, la aplicación efectiva de los recursos seguía dependiendo de reglas claras para la distribución entre las entidades federativas.
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Según el sustituto aprobado, la Unión estará obligada a transferir el 60% de la recaudación federal de Cide a los municipios y al Distrito Federal – esta cantidad se calcula tras el descuento legal del 29% que ya se transfiere rutinariamente a los estados. La división del presupuesto entre los municipios se realizará proporcionalmente al tamaño de la población de cada localidad.
Sin embargo, la transferencia no será incondicional. Para tener acceso a fondos federales, alcaldes y gobernadores deberán firmar un compromiso formal, documentando que el dinero subvencionado será revertido, en la práctica, a la reducción del precio cobrado en los torniquetes.
La distribución de valores adquiere contornos específicos dependiendo de la red de transporte. En las áreas metropolitanas, una parte del dinero se transferirá directamente a las arcas estatales para financiar las líneas interurbanas integradas. En las ciudades interiores servidas por rutas semiurbanas, el ayuntamiento y el gobierno estatal tendrán que firmar acuerdos para definir conjuntamente cómo se aplicarán los recursos.
El texto validado por la colegiada sustituye al relator, el diputado Gilberto Abramo, quien unificó el contenido del Proyecto de Ley 1295/24, del diputado Fred Linhares, y del PL 4073/24. La propuesta se está tramitando de manera concluyente y ahora pasa a los comités de Finanzas y Fiscalidad (CFT) y de Constitución y Justicia (CCJ) para su análisis. Para entrar en vigor, el texto deberá ser aprobado por el Pleno y recibir la aprobación del Senado.
