La ley de Nueva York se dirige a conductores con multas superiores a 16 anuales y amplía el uso de cámaras en las zonas escolares
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado un paquete legislativo que endurece las normas de tráfico y amplía la aplicación electrónica en el estado. El principal escaparate de la nueva ley es la creación de un programa piloto sin precedentes centrado en reincidentes, clasificados por las autoridades locales como “supervelocistas”. La medida autoriza a la metrópoli a exigir la instalación de dispositivos de limitación de velocidad en los vehículos de los reincidentes.
La tecnología, conocida como Asistente de Velocidad Inteligente (ISA), actúa directamente sobre el sistema del coche, impidiendo físicamente que supere los límites regulados en las carreteras. El requisito legal tiene un objetivo específico: llegará a conductores que acumulen al menos 16 multas por exceso de velocidad en un periodo de 12 meses. El texto también incluye conductores con 11 infracciones de este tipo que tienen antecedentes de saltarse semáforos en rojo.
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El intento de eludir o no cumplir con la orden judicial será costoso. El gobierno estatal ha estipulado multas severas que van desde 1.500 hasta 2.500 dólares, además del riesgo inminente de suspensión de la matrícula del vehículo. Aunque el proyecto piloto se implementará inicialmente en la ciudad de Nueva York, la legislación ya deja puertas abiertas para que otros municipios con más de un millón de habitantes adopten la herramienta en el futuro.
Sin embargo, el alcance de la ley sancionada va más allá de la limitación de velocidad. El paquete amplía significativamente la red de monitorización viaria, autorizando el uso de radares en áreas de construcción y la instalación de cámaras en señales de parada de autobuses escolares. El objetivo es capturar y multar a quienes realizan adelantamientos ilegales en el mismo momento de embarcar y desembarcar a los niños.
Finalmente, la ofensiva gubernamental intenta frenar la escalada de los costes de las pólizas de seguro de automóvil en el estado, donde los valores medios ya superan la barrera de 4.000 dólares anuales. El texto introduce mecanismos para combatir el fraude estructurado, como los accidentes falsificados, y restringe el pago de compensaciones en casos en que el conductor cometa actos ilegales, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin cobertura de seguro válida.
