La propuesta establece directrices profesionales y restringe el uso de armas a profesionales en actividades externas y ostensivas
La Comisión de Seguridad Pública (CSP) del Senado Federal ha dado luz verde para cambios en la inspección vial en Brasil. Este martes (28), la colegiada aprobó el Proyecto de Ley 2.160/2023, que establece la Ley General de Agentes de Tráfico. El texto, redactado por el diputado Nicoletti (PL-RR) y con la dirección del senador Efraim Filho (União Brasil), busca estandarizar la carrera a nivel nacional y plantea, como punto central de debate, la autorización para el porte de armas de fuego por esta categoría.
Con la aprobación del CSP, el proyecto pasa ahora a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), antes de poder ser sancionado por el presidente o eventualmente regresar a la Cámara, si sufre cambios sustanciales.
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A diferencia de propuestas anteriores más completas, el texto aprobado en el comité aporta una enmienda del relator que limita el derecho a las armas. El porte de armas de fuego estará restringido exclusivamente a agentes de tráfico que realicen actividades externas y ostensivas, como la vigilancia, la inspección en vías públicas y la patrulla vial.
Para garantizar la certeza legal y técnica de la medida, la autorización no será automática. El texto establece tres requisitos:
Según el senador Efraim Filho, la limitación es necesaria para “conciliar la apreciación del servidor público con la naturaleza restrictiva del control de armas en el país”, centrándose en la protección del agente expuesto al riesgo directo en las calles.
Además del tema de la guerra, PL 2.160/2023 funciona como marco regulatorio para la categoría. Si se aprueba, los agentes de tráfico serán reconocidos oficialmente como servidores públicos con una carrera típica en el Estado.
Este cambio afecta directamente a la estructura de las agencias municipales y estatales de tráfico, definiendo funciones claras que van desde la educación vial y la recopilación de datos estadísticos hasta el ejercicio efectivo del poder policial administrativo. El proyecto también destaca que las nuevas normas no entran en conflicto con las competencias ya establecidas para los Guardias Municipales.
El proyecto también pretende elevar el nivel de profesionalización del sector estableciendo requisitos mínimos nacionales para nuevas licitaciones públicas. Entre los requisitos listados en el texto, destacan los siguientes:
La propuesta también reconoce que la actividad realizada por estos profesionales representa un riesgo permanente, lo que podría sentar precedentes para futuras discusiones sobre prestaciones de la seguridad social y la indemnización por riesgo.
Si la CCJ aprueba el texto sin modificaciones, podrá pasar directamente a la sanción del Presidente de la República. Si hay cambios en el fondo, el asunto vuelve a ser analizado por los agentes federales.
