El nuevo plan entra en vigor en julio y aumenta en más de un 40% el volumen de inspecciones realizadas por la agencia reguladora
La junta directiva de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) aprobó por unanimidad este viernes (12) un plan que reestructura la estrategia de inspección frente a los precios abusivos del combustible. La medida entra en vigor en julio y prevé más de 3.000 demandas para septiembre, un volumen aproximadamente un 40% superior al registrado en el trimestre anterior.
La decisión responde a una demanda del gobierno, que esta semana convocó a la junta para exigir una acción más firme. El esfuerzo se intensificó tras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio, a finales de febrero, que elevó el precio de los productos petrolíferos casi en todo el mundo y avivó el temor a transferencias abusivas al consumidor brasileño.
El plan continúa las acciones iniciadas con la Medida Provisional Nº 1.340/2026, que otorgó a la ANP la facultad de inspeccionar aumentos considerados abusivos en la cadena de petróleo, combustible y derivados. Entre el 9 de marzo y el 3 de junio, la agencia llevó a cabo 2.111 inspecciones presenciales y remotas en todos los estados.
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De este total, 21 terminaron en avisos de infracción por evidencia de elevación abusiva — aproximadamente uno de cada cien inspecciones. Hubo 16 contra distribuidores en São Paulo, el Distrito Federal, Paraná y Río de Janeiro, y cinco contra distribuidores de GLP, gas para cocinar, en Ceará y Pará.
En los próximos tres meses, la prioridad será el análisis de los precios practicados por los agentes del sector. En julio, al menos el 80% de las acciones tendrán este enfoque, un porcentaje que baja al 75% en agosto y al 70% en septiembre. Las investigaciones cruzan las facturas de compra con las cantidades que se cobran al consumidor.
La ampliación forma parte de un paquete gubernamental para evitar un choque de precios, que incluye subvenciones de R$ 0,44 por litro para la gasolina y R$ 1,12 para el diésel. La ANP señala que la evaluación representa solo el comienzo del proceso administrativo, asegurando una defensa adversarial y suficiente ante los agentes económicos.
