Decreto firmado por el presidente de Paraguay regula la mezcla de combustibles y busca atraer inversiones al sector azucarero-alcohol del país
Firmada el pasado viernes (1), la regulación de la Ley del Etanol en Paraguay impone nuevas restricciones a la industria del combustible para impulsar la cadena de producción de caña de azúcar. El decreto, firmado por el presidente Santiago Peña, establece que al menos el 50% del etanol utilizado en la mezcla con combustibles fósiles en el país debe proceder de la caña de azúcar.
La medida sirve como herramienta para proteger el mercado interno y atraer capital al sector azucarero y alcohólico paraguayo. El objetivo central es ofrecer previsibilidad a los productores rurales, asegurando una demanda continua que justifique nuevas inversiones en industrialización y tecnología de extracción.
VÉASE TAMBIÉN:
Para Brasil, líder mundial en biocombustibles, el movimiento paraguayo representa un escenario ambivalente. Por un lado, la consolidación de una política robusta de alcohol azucarero en su vecino fortalece el estándar de descarbonización de Mercosur, facilitando la circulación de vehículos flex-fuel y abriendo puertas para la exportación de tecnología brasileña y maquinaria industrial. Por otro lado, la búsqueda de autosuficiencia de Paraguay tiende a reducir, a medio plazo, la dependencia histórica de las importaciones de etanol anhidro procedentes de Brasil, lo que obliga a las refinerías brasileñas a buscar nuevos mercados.
La nueva estructura administrativa instaura controles estrictos para la verificación de adquisiciones y un calendario de suministro vinculado a la materia prima utilizada. Las empresas que no cumplan con los porcentajes obligatorios de mezcla estarán sujetas a sanciones severas y normas administrativas. La implementación y supervisión de toda la cadena estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio, que actuará como organismo regulador para prevenir fraudes en la mezcla.
Con esta regulación, el gobierno paraguayo espera no solo reducir la dependencia de los insumos importados, sino también añadir valor a la producción agrícola nacional y fomentar la generación de empleos formales en las zonas rurales.
