Bill quiere imponer un sellado físico en la placa trasera de motocicletas y cuadriciclos
La propuesta en proceso de análisis en la Cámara pretende modificar el Código de Tráfico brasileño para combatir el fraude en vehículos más pequeños con severas sanciones
Publicado el 27/08/2026 a las 12:01
Un nuevo proyecto de ley, pendiente en la Cámara de Diputados, pretende cambiar las normas de identificación de vehículos para intentar frenar el avance del fraude y de esquemas ilegales que involucran motocicletas y otros medios de transporte menores. El Proyecto de Ley 2299/26 establece la obligación absoluta de aplicar un sello de seguridad físico en la fijación de las placas traseras. La medida abarca formalmente no solo motocicletas tradicionales, sino también scooters, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos para la circulación en carretera.
Según la justificación presentada por el autor de la propuesta, el diputado Milton Vieira (Republicanos-SP), la intención central es crear una barrera física adicional para obstaculizar y desincentivar prácticas ilícitas como la clonación, la sustitución indebida, la retirada no autorizada y la manipulación de identificaciones oficiales. El requisito del componente de seguridad física pretende unir fuerzas y actuar directamente en conjunto con los recursos tecnológicos ya existentes en el sistema actual, como el código QR, manteniéndolos en plena operación en las calles.
Si el texto avanza en las fases legislativas y es aprobado de forma definitiva, el conductor que sea sorprendido circulando con un vehículo sin el dispositivo regulado o transitando con un sello dañado y roto enfrentará duras sanciones administrativas. El proyecto clasifica directamente dicha conducta como una infracción de tráfico considerada de carácter muy grave, cuyas sanciones incluyen la aplicación de una multa pecuniaria —una sanción impuesta por incumplimiento de una obligación o norma que requiera el pago de una suma de dinero— y la consiguiente medida administrativa de retirada del vehículo a los patios acreditados por los organismos competentes.
Para que la nueva norma entre en vigor oficialmente en el territorio nacional, la propuesta aún debe pasar por los procedimientos normativos habituales del Congreso Nacional. El texto será analizado de manera concluyente por los comités de Tráfico y Transporte y de Constitución y Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, requiriendo posteriormente la aprobación formal tanto en el Pleno de la Cámara como en el Senado Federal.
