La propuesta transforma el castigo actual, considerado leve, en una pena de prisión de hasta ocho años, dificultando que los conductores conviertan la condena en servicio comunitario
La Comisión de Tráfico y Transporte de la Cámara de Diputados dio la primera aprobación a un proyecto de ley que endurece severamente los castigos para los conductores condenados por homicidio involuntario en el tráfico, cuando no hay intención de matar. La medida, que modifica las directrices del Código de Tráfico brasileño (CTB), aumenta la pena en prisión y amplía significativamente el periodo de suspensión del derecho a conducir en el país.
Según la legislación vigente, la pena para este tipo de delito oscila entre dos y cuatro años de prisión. La nueva propuesta duplica este umbral, estableciendo una pena de cuatro a ocho años de prisión. Además de la privación de libertad, se prohibirá al infractor obtener o renovar el Carné Nacional de Conducir (CNH) por un periodo ininterrumpido de diez años.
En la práctica, el cambio de “detención” a “encarcelamiento” representa un punto de inflexión en la forma en que el sistema judicial trata los accidentes mortales. Aunque la detención suele realizarse en regímenes más indulgentes y a menudo resulta en la conversión de la sentencia en servicio comunitario, el encarcelamiento abre un margen legal para que la ejecución de la sentencia se realice en régimen cerrado desde el principio, dependiendo de la gravedad que valore el juez.
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El texto original está redactado por la Subdelegada Ione (PL-MG), quien defiende la adopción de respuestas más estrictas por parte del Estado frente a la negligencia al volante. El ponente del asunto en la comisión, el diputado Bebeto (PP-RJ), argumentó en su opinión que la escalada de la violencia vial, requiere una actualización de la ley. Según el parlamentario, el aumento de las penas establece un castigo más proporcional a la gravedad de las muertes causadas por conductores imprudentes.
A pesar del avance, el cambio aún tiene un largo camino legislativo por delante. El proyecto será analizado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ). Si se aprueba, pasará a votación en el pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, será sometida al Senado para su revisión antes de ser sometida a la mesa de negociación para la sanción presidencial.
