El gobierno teme que los datos recogidos por vehículos modernos sean enviados a Pekín; en respuesta, la diplomacia china acusa a un país europeo de paranoia
En una medida que refleja la creciente tensión entre la tecnología de consumo y la seguridad nacional en Europa, Polonia ha impuesto severas restricciones a la entrada de vehículos eléctricos —especialmente los de origen chino— en sus instalaciones de defensa. La prohibición se basa en las directrices del Servicio de Contrainteligencia Militar, que identificó los riesgos de espionaje mediante los sofisticados conjuntos de sensores, cámaras y micrófonos integrados en estos coches.
La preocupación central de las autoridades es que estos dispositivos, diseñados para la asistencia de conducción, puedan ser explotados para cartografiar áreas estratégicas, recopilar datos sensibles y transmitirlos a servidores externos. Aunque la medida se dirige a la industria china, la sospecha sobre el «espionaje sobre ruedas» es generalizada: recientemente, un vehículo Tesla también fue impedido de acceder a la 1ª Brigada Blindada en Varsovia.
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El endurecimiento de las normas de acceso coincide con una invasión comercial asiática del país. Para 2025, las ventas de coches chinos en Polonia se cuadruplicaron respecto al año anterior, alcanzando una cuota de mercado del 14,5%. La popularidad de estos modelos entre los civiles, atraídos por el precio y la tecnología, contrasta con la postura defensiva del ejército.
Actualmente, la decisión final sobre el bloqueo corresponde a los comandantes de cada unidad, pero el Ministerio de Defensa está trabajando para estandarizar la prohibición. El enfoque está en vehículos capaces de realizar transmisiones de datos en tiempo real. Además del veto a la entrada en los complejos, se está estudiando prohibir el aparcamiento de estos coches en perímetros adyacentes para evitar el mapeo externo de las bases.
La reacción diplomática fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino criticó la medida, instando a Polonia a detener lo que denominó «abuso del concepto de seguridad nacional» para justificar barreras comerciales y tecnológicas. El episodio marca otro capítulo en la disputa geopolítica sobre el control de datos en la era del «internet de las cosas».