El proyecto sugiere abandonar el valor de mercado como base para el impuesto sobre la propiedad de vehículos a motor y ofrece descuentos para coches menos contaminantes
Una nueva Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), en proceso en la Cámara de Diputados, propone una profunda reestructuración en la forma en que se gestiona la IPVA en Brasil. El proyecto, que cuenta con el apoyo de 204 parlamentarios, sugiere abandonar el modelo actual —basado en el valor de mercado del vehículo según la Tabla de Fipe— en favor de un criterio físico: el peso del coche. La propuesta también establece un techo impositivo, determinando que el importe total del impuesto no puede superar el 1% del precio de venta del activo.
Los autores de la medida argumentan que la tributación sobre los activos muebles en el país está distorsionada, ya que se aplica a los activos que sufren depreciación continua. Para respaldar la tesis, el texto cita ejemplos internacionales, como Japón y Estados Unidos, donde el peso o las características técnicas del vehículo sirven de base para el cálculo. Además, la PEC autoriza a los estados a crear tarifas diferenciadas o descuentos progresivos para fomentar la adopción de tecnologías menos contaminantes, vinculando el impuesto con la agenda de sostenibilidad.
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Sin embargo, los parlamentarios aprovecharon la PEC para incluir una ‘tortuga’: el nombre dado a otros cambios, no relacionados con el tema principal, que se incluyen discretamente en el texto para pasar desapercibidos. La ‘tortuga’ del texto establece un límite estricto para los gastos en publicidad institucional, fijado en el 0,1% de los ingresos netos corrientes, con una prohibición expresa de la publicidad que resulte en promoción personal de funcionarios públicos. En el Poder Legislativo y en los Tribunales de Cuentas, el techo para gastos totales sería del 0,4%. Las agencias que superen estas tarifas no podrán conceder reajustes ni hacer nuevas contrataciones.
El procedimiento exige que la propuesta pase primero por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) para su análisis de admisibilidad. Si avanza, será sometido a un comité especial y, posteriormente, deberá ser aprobado en dos rondas de votación en el pleno de la Cámara, con quórum cualificado, antes de pasar al Senado.
