¿Bicicleta en el autobús? Nuevo proyecto de ley avanza y define normas para los apoyos en el transporte público

Comprender las nuevas normas aprobadas para la instalación de soportes externos y cómo esta medida puede cambiar la rutina de los ciclistas en las ciudades

La propuesta busca fomentar la movilidad sostenible en las ciudades brasileñas, además de mejorar la calidad del transporte (Foto: Ayuntamiento de Curitiba | Reproducción)
Por Júlia Haddad
Publicado el 24/03/2026 a las 13:00
Actualizado el 24/03/2026 a las 13:19

La Comisión de Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el Proyecto de Ley nº 2783/19, que establece directrices para la instalación de portabicicletas en vehículos de transporte público colectivo, como autobuses y trenes. El texto aprobado es un sustituto que modifica la propuesta original, transfiriendo al Consejo Nacional de Tráfico (Contran) la responsabilidad de regular los estándares técnicos de seguridad del sistema.

La nueva versión de la propuesta, presentada por el diputado Diego Andrade (PSD-MG), sustituye la obligación nacional de instalar equipos por un modelo de gestión descentralizado. En la práctica, la medida otorga autonomía a los ayuntamientos y al Distrito Federal para decidir sobre la implementación del apoyo, teniendo en cuenta las especificidades geográficas y las rutas de mayor demanda en cada municipio.

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Según el ponente, la imposición de una norma única para todo el territorio brasileño podría generar costes innecesarios en regiones donde la integración entre ciclistas y transporte público no sea factible ni prioritaria. El objetivo central es fomentar la intermodalidad —la integración de diferentes medios de transporte— como alternativa a la movilidad sostenible, sin sobrecargar las flotas municipales con requisitos estandarizados.

El proyecto original, redactado por el diputado Juninho do Pneu (União-RJ), establecía que la instalación sería obligatoria en toda la flota nacional. Con el cambio hacia un carácter opcional y regulado localmente, se espera que las ciudades puedan optimizar el acceso al apoyo en rutas estratégicas.

La propuesta ahora se remite a la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJ) para su análisis de manera concluyente. Si se aprueba sin recursos, la medida no tendrá que pasar por el Pleno, pasando directamente al Senado Federal para su revisión antes de pasar a la sanción presidencial.

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