La demanda señala la coordinación entre empresas como Shell y Exxon para difundir desinformación y bloquear la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Estados Unidos
¿Existe una conspiración de las industrias petroleras para sabotear el coche eléctrico? La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, lo cree así. Tanto es así que Nessel ha presentado una demanda contra las mayores compañías petroleras de Estados Unidos, incluyendo BP, Chevron, Exxon Mobil y Shell, así como contra el American Petroleum Institute (API).
La demanda acusa a las empresas de operar como un cártel para frenar el avance de los vehículos eléctricos y mantener la dependencia de los combustibles fósiles, violando así las leyes antimonopolio estatales y federales. Según la acusación, las empresas actuaron de manera coordinada para sofocar la competencia y obstaculizar la innovación tecnológica. El objetivo del proceso es evitar el mantenimiento del supuesto monopolio energético y asegurar que el mercado ofrezca precios justos y opciones reales a los consumidores.
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El documento, con más de 100 páginas, detalla prácticas que habrían ralentizado la adopción masiva de vehículos eléctricos en las últimas décadas. La demanda sostiene que la industria petrolera ha utilizado su poder económico para manipular el mercado a través de tres frentes principales:
En respuesta, el Instituto Americano del Petróleo calificó la demanda de infundada, argumentando que la política energética nacional debería debatirse en el Congreso en lugar de en los tribunales.
La ofensiva judicial llega en un momento de desaceleración para los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Fabricantes como General Motors, Ford y Stellantis han anunciado recientemente la reanudación de las inversiones en motores de combustión, citando una demanda menor de lo esperado de modelos de baterías.
El escenario se agrava por las políticas de la administración de Donald Trump, que eliminaron los créditos fiscales y recortaron las subvenciones federales para la carga de infraestructuras. Chevron, uno de los demandados, afirmó que el estado de Michigan sigue dependiendo del petróleo para generar empleo e ingresos.
