La entidad psicóloga cuestiona la constitucionalidad del diputado que beneficia a los buenos conductores y advierte sobre riesgos para la salud no detectados en el tráfico
La Asociación Brasileña de Psicología del Tráfico (Abrapsit) presentó una demanda ante el Tribunal Supremo Federal para cuestionar la constitucionalidad de la Medida Provisional 1.327/2025. La norma, que entró en vigor recientemente, instituyó la renovación automática del Carné Nacional de Conducir (CNH) para conductores con buen historial, eximiniendo la exigencia de nuevos exámenes médicos y psicológicos. La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7924 fue entregada al relator del juez Flávio Dino.
En el centro del debate está el cambio en el Código de Tráfico brasileño que beneficia a los conductores registrados en el Registro Nacional Positivo de Conductores (RNPC), es decir, aquellos que no han cometido infracciones en los últimos 12 meses. Aunque el gobierno federal defiende la medida como un paso hacia la reducción de la burocracia y el fomento de buenas prácticas al volante, la asociación sindical señala graves riesgos para la seguridad vial.
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El argumento principal de Abrapsit es técnico: la ausencia de multas no es un indicador válido de salud física o mental. En la petición, la asociación sostiene que varias patologías —como la pérdida gradual de visión, la disminución de los reflejos motores o trastornos neurológicos— pueden desarrollarse de forma silenciosa, sin que el conductor haya cometido infracciones previas. Al prescindir de la experiencia, el Estado estaría incumpliendo su deber de inspeccionar la aptitud de los conductores, permitiendo que personas sin condiciones médicas sigan conduciendo legalmente.
Además de los problemas de salud, la acción advierte del posible aumento del fraude en el sistema. La entidad sostiene que la ventaja de la renovación automática puede fomentar la práctica ilícita de transferir las puntuaciones de las multas a terceros, con el único objetivo de mantener el estatus de «buen conductor» para evitar la burocracia de los exámenes.
Para respaldar la solicitud de una orden judicial y la urgencia de la suspensión, Abrapsit presentó datos del Ministerio de Transporte: solo en la primera semana de la diputada, se renovaron automáticamente 323.459 licencias en todo el país. Para los expertos, este enorme volumen de renovaciones sin cribado médico representa una responsabilidad de riesgo que crece exponencialmente mientras la medida siga siendo válida.
