La medida del gobierno chino busca evitar una guerra comercial en la que las marcas vendan coches por debajo del precio de coste solo para robar clientes a la competencia
China ha prohibido a los fabricantes vender vehículos por debajo de los costes reales de producción, en una medida drástica para frenar la guerra de precios que afecta al mayor mercado automovilístico del mundo. Las nuevas directrices, publicadas el 12 de febrero por la Administración Estatal de Regulación de Mercados, suponen la intervención más contundente de Pekín para corregir las distorsiones en el sector.
La regulación se acerca a la “contabilidad creativa” adoptando una definición ampliada de coste. A partir de ahora, el cálculo debe incluir los gastos industriales, administrativos, financieros y de marketing, eliminando lagunas legales utilizadas para fabricar prácticas depredadoras. El texto también veta la colusión de precios entre fabricantes y prohíbe que los fabricantes obliguen a los concesionarios a operar en números rojos mediante sistemas punitivos de objetivos.
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El movimiento regulador responde a una guerra corporativa. La competencia desenfrenada por la cuota de mercado, aunque impulsó a BYD, llevó a la quiebra de marcas emergentes como WM Motor, HiPhi y Evergrande Auto. El efecto secundario incluso llegó a los gigantes: BYD vio cómo sus ventas caían un 30% en enero de 2026 interanualmente, tras cerrar 2025 con una caída en los beneficios trimestrales.
La asfixia financiera ha recorrido la cadena de producción, generando una crisis de liquidez entre los proveedores que sufrieron impagos multimillonarios. La intervención estatal ha tenido cierto efecto: desde mediados de 2025, el periodo medio de pago a los proveedores ha caído a 54 días, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automoción.
Además de la lista de precios, la nueva norma se dirige a la tecnología. Las plataformas online actuarán como monitores en tiempo real y habrá mayor rigor en los vehículos definidos por software, prohibiendo, por ejemplo, que las funciones probadas gratuitamente se conviertan en suscripciones de pago sin necesidad de claridad previa.
